Según el legislador, los beneficios del software libre se relacionan principalmente con ahorro de costos, superioridad técnica, diversidad y flexibilidad de soluciones informáticas, entre otros.

Y esto no es una idea loca. De hecho, ya existen numerosos países en que se han realizado implementaciones exitosas basadas en esta “filosofía tecnológica”, entre los que se cuentan la Comunidad Europea y su programa IDA (para la Integración Tecnológica de los gobiernos), Alemania (en Munich y Hamburgo) España (en las comunidades autónomas), Brasil (primer gobierno que aprobó una ley para el uso amplio de software libre), Argentina, Perú y Francia.

Según Navarro, este proyecto de ley en particular busca garantizar -entre otras cosas- el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, el fomento de la innovación tecnológica y la disminución de la brecha digital, además de se representar una significativa ventaja económica para el Estado, ya sea por el ahorro en el pago de licencias, actualizaciones y otros.

El consultor Mauricio Latorre -experto en Linux y que participa en una de las comunidades- dice que en en Chile ya existen organismos estatales que han incorporado la tecnología del software libre, especialmente Linux. Entre ellos se encuentran el Instituto de Normalización Previsional (INP), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Secretaria General de la Presidencia. No se trata de una revolución, pero si de valiosas experiencias que se pueden convertir en tendencia.